La apertura de expedientes sancionadores a los profesionales del sistema sanitario no es la vía para resolver los cientos de casos de personas sin acceso efectivo a la salud en España
Donde la ministra de Sanidad ve "errores", Médicos del Mundo y la Sociedad Española de Medicina Comunitaria y de Familia (semFYC) ven consecuencias de la ley. No es la mala praxis de las y los profesionales sanitarios la que está generando falta de atención médica a miles de personas, con resultado incluso de muerte, sino la imposición de una legislación -el RDL 16/2012- que se aprobó sin medir las consecuencias que tendría en la vida de las personas y en la salud pública.
La muerte de Alpha Pam ha destapado hasta qué punto una decisión legislativa puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, pero su caso no es el único: las organizaciones que defendemos el derecho a la salud vemos cada día situaciones que podrían acabar de forma similar, porque la normativa aprobada el año pasado ha supuesto la retirada de la tarjeta sanitaria a miles de personas, que ya no tienen un facultativo de referencia a quien acudir.
Desde Médicos del Mundo y la semFYC somos conscientes de la presión que recibe tanto el personal sanitario como el de admisión del Sistema Público de Salud para aplicar estrictamente la normativa y aun a pesar de ello, sabemos que muchos están decididos a atender a las personas que lo necesiten. La solución no puede estar en criminalizar a las y los profesionales, sino en derogar una ley que más que ahorro, genera caos y enfermedad, algo que las dos organizaciones quieren señalar expresamente tras la apertura de expediente investigador a tres trabajadores del hospital de Inca por parte de la Conselleria de Sanidad balear.
Buena atención, bloqueo legal
En muchos de los casos documentados por Médicos del Mundo, ha existido una buena praxis del personal administrativo y una buena praxis médica, y sin embargo las barreras establecidas en la reforma sanitaria impiden el adecuado tratamiento de las patologías. Así ocurre en el caso de M.H., un joven paquistaní, también residente en Baleares, que fue atendido adecuadamente en atención primaria, citado en rehabilitación y al que se le tomaron las muestras para la realización de la analítica correspondiente. Sin embargo, el resultado de las pruebas diagnósticas no se ha podido enviar de vuelta al centro de salud, porque al no tener tarjeta sanitaria el sistema informático no permite el procesamiento. Por tanto, es la legislación la que imposibilita tratar adecuadamente a las personas enfermas, no los profesionales.
La responsabilidad está en otra parte
La investigación abierta por la administración balear y su interpretación de los hechos buscan culpabilizar a los profesionales con los que se encontró Alpha Pam en su periplo, cuando es la nueva normativa sanitaria la que no les permite realizar adecuadamente su trabajo.
Lo cierto es que Alpha Pam, al carecer de tarjeta sanitaria, a pesar de llevar varios años empadronados en Mallorca, no contaba con un médico/a de familia en el Centro de Salud; por tanto nadie pudo llevar a cabo un adecuado seguimiento del avance de su enfermedad desde el primer momento en el que él acudió, no se pudo activar el protocolo correspondiente en un caso de enfermedad transmisible, ni fue posible derivarle desde Atención Primaria a especializada.
Lo cierto es que las autoridades sanitarias habían sido advertidas de las consecuencias que estaba teniendo la aplicación del RDL, sin que llevaran a cabo ninguna actuación para ponerles fin. Por tanto, éstas se han seguido produciendo con la complicidad implícita de las autoridades responsables de las políticas sanitarias, desde los gobiernos autonómicos a la ministra de Sanidad.
